Vamos a mover todos los mecanismos del Estado de Derecho para que se reconozcan los derechos de los afectados y se reparen los daños que la okupación está causando.
Debemos cambiar las leyes para acabar con la okupación, sin duda. Pero también debemos exigir responsabilidades a todos aquellos, personas e instituciones, que en este tema están actuando con desprecio hacia el Estado de Derecho, incitando al delito o prevaricando en sus cargos.
Cuando les interesa, resuelven el problema de inmediato. Pero cuando son ciudadanos los afectados, los dejan en el abandono. Existen excepciones, desde la Asociación de Afectados por la Okupación vamos a trabajar para convertirlas en normalidad.
Desde la ONAO - Organización Nacional de Afectados por la Okupación queremos dar el apoyo que nuestros socios necesitan para enfrentar un grave problema que tenemos en España porque la Administración no está realizando su función.
Para complicar todavía más la situación de muchos afectados, nos encontramos que desde el Gobierno se lanzan proclamas fomentando el acto ilegal de la usurpación de vivienda y despreciando el sufrimiento y los daños de quienes ven violados sus derechos.
En el colmo de la desfachatez política, asistimos a falsos argumentos que tratan de dar soporte legal a actos penados en el Código Penal.
El movimiento de okupación está siendo utilizado por delincuentes comunes, que ven cómo la usurpación queda impune. Las mafias de la droga han encontrado en la okupación un sistema idóneo para instalar pequeñas plantaciones que tienen un enorme consumo energético que costean los ciudadanos, pagando la electricidad que ellos nos quitan con sus conexiones a red ilegales.
Paralelamente a éste fenómeno se están creando mercados de servicios que suplantan la acción inhibida de la Administración.
Muchos ciudadanos que viven en edificios donde hay viviendas okupadas sufren cada día las conductas antisociales de quienes no respetan a los demás. En muchos casos se ven obligados a tener que soportar delincuentes por vecinos.
Daños materiales en las viviendas okupadas. Pérdida de valor en los inmuebles. Imposibilidad de ejercer el derecho de uso de la propiedad. Daños morales y psicológicos, muchas veces derivados del acoso, amenazas o vandalismo de los okupas. Todos estos daños deben ser reparados. La Administración es responsable desde el momento en el que se inhibe de sus responsabilidades, dejando en el abandono a ciudadanos que ven vulnerados sus derechos.
Ningún derecho puede emerger de un acto delictivo. Quienes defienden lo contrario mienten, y vamos a trabajar para que se imponga el Estado de Derecho.
Recuperar la protección de los afectados, bajo el normal funcionamiento democrático de las Instituciones del Estado, es un derecho que debemos exigir como ciudadanos y como afectados.
La Administración del Estado está haciendo una clara dejación de sus funciones, y un desprecio a su responsabilidad en la gestión de una política de vivienda que solucione los problemas de precariedad, que existen, pero que estos políticos no quieren abordar.
La Organización Nacional de Afectados por la Okupación proporciona apoyo y asesoramiento a sus socios.
Trabajamos para cambiar las leyes, para hacer saltar las alarmas y actuar como grupo en la defensa de los derechos de nuestros asociados.
El movimiento okupa presenta un claro desafío al Estado de Derecho.
Únete para que juntos acabemos con esta injusta situación.
Toni Miranda